TEMA 11: EL PROCESO DE TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA Y LA CONSTITUCIÓN DE 1978.
Introducción.
De modo genérico puede afirmarse que una transición política es pasar de una dictadura a un régimen democrático. En el caso español fue la evolución pacífica desde un régimen totalitario de carácter conservador a una Monarquía parlamentaria.
Se le ha dado el nombre de transición democrática al periodo que va de 1975 a 1978 (aunque para otros autores llegará hasta 1982) y en el que se pasa de la "democracia orgánica" franquista a la democracia real. En este proceso el elemento fundamental fue la Constitución de 1978. Desde el punto de vista legal supone el tránsito desde las Leyes Fundamentales del franquismo a una Constitución democrática.
1. Características generales de la Transición.
1.1. Circunstancias en que se produce la Transición.
Algunas de las circunstancias o causas que hacen posible que la transición política a la democracia pudiera llegar a hacerse fueron:
- El desarrollo económico y social de la década de los años sesenta había transformado profundamente la sociedad española. España había pasado a ser la décima potencia industrial del mundo y uno de los países preferidos por el turismo internacional. Al mismo tiempo se erradicó prácticamente el analfabetismo y se incrementaron las enseñanzas medias y universitarias. La sociedad se transformó en urbana y se fue secularizando poco a poco, con lo que se hacía progresivamente más homogénea respecto de las sociedades de Europa Occidental.
- La dictadura era un marco estrecho y rígido, incapaz de evolucionar y de dar cabida a las fuerzas expansivas, económicas, sociales y políticas, que se habían generado en su seno.
- Las fuerzas internas reprimidas, económicas y sociales, ejercieron su protesta de manera generalmente pacífica, y en algunos casos mediante actos terroristas.
- Estas situaciones provocaron la reacción del “búnker”, o conjunto de las fuerzas más inmovilistas y reaccionarias de la dictadura, partidarias de la represión a ultranza, que dominaran una parte del panorama político hasta después incluso de la muerte del general Franco.
- La oposición a la dictadura se encontraba muy dividida, por lo que se imponía como solución lógica una salida pactada de la situación.
1.2.Opciones planteadas tras la muerte de Franco.
En 1975 existían tres opciones para ser tomadas como línea política:
- El continuismo, que pretendía el llamado "Bunker".
- La ruptura democrática, línea preferida por la izquierda (PSOE y PCE).
- La reforma de la que era partidaria el rey y las altas personalidades del régimen, línea que será finalmente la triunfante.
Pero dicha línea política no se impuso a través de la fuerza, sino del diálogo y del consenso. Así la transición se hizo desde dentro del propio régimen, característica trascendental para entender todo el proceso, teniendo como motor a D. Juan Carlos y como actores a Adolfo Suárez y Torcuato Fernández Miranda, contando además con la colaboración de los nacionalistas y de la izquierda. Se optó por una reforma desde arriba y desde la legalidad, controlada por el gobierno.
El protagonismo principal correspondió a los jóvenes reformistas provenientes del régimen que querían una reforma, pero la oposición, sobre todo la de izquierdas, que quería una ruptura, colaboró y espoleó el proceso. Se puede concluir que se realizó una ruptura por procedimientos reformistas o una reforma tan profunda que logró hacer desaparecer lo reformado. Los historiadores se inclinan por el término ruptura consensuada.
2. La Ley para la Reforma Política.
2.1.El Gobierno de Arias Navarro.
El 20 de Noviembre de 1975 muere Franco. El 22 del mismo mes jura D. Juan Carlos su cargo en las Cortes y en su discurso ya se vislumbran sus deseos de apertura política. Como presidente del gobierno continúa Arias Navarro, que aunque intenta maquillar su actuación con algunas tímidas reformas, en el fondo dirige un gobierno continuista con respecto a la dictadura. En el año 1976 va a tomar Juan Carlos tres decisiones de gran calado político. En primer lugar nombra como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino a su antiguo profesor de derecho Torcuato Fernández Miranda, posteriormente fuerza la dimisión de Arias Navarro y luego elige a Adolfo Suárez como presidente del gobierno entre una terna presentada por el Consejo del Reino.
2.2.La ruptura pactada: la Ley para la Reforma Política.
El primer gran paso hacia el fin de la dictadura se dio en Noviembre de 1976, al aprobar las Cortes franquistas la Ley para la Reforma Política , en la que se abría el marco legal para la instauración de la democracia. Como decía el propio Torcuato Fernández Miranda se trataba de ir "de la ley a la ley", modificando la legalidad desde el interior del propio régimen. Es decir, se trataba de una ley puente para entablar un proceso constituyente en España, pasando así de un régimen autoritario a otro democrático. Por dicha ley se establecían los derechos fundamentales de los individuos, la convocatoria de elecciones, la existencia del Congreso y el Senado para elaborar una Constitución y la convocatoria de un referéndum para que se aprobase dicha ley. Era una ley de reforma que liquidaba lo que decía reformar.
Con la aprobación de esta ley por las Cortes, el gobierno rompía la estrategia de la oposición de conseguir la convocatoria de elecciones generales. Después quedaba aprobar la ley mediante referéndum. Los resultados del referéndum fueron afirmativos y positivos, salvo en el País Vasco donde la abstención fue muy alta. Tras este referéndum fueron desapareciendo las instituciones franquistas (Secretaría General del Movimiento, las Cortes, los sindicatos verticales y el Tribunal de Orden Público).
Suárez culminaba la primera fase de una transición legal de la Dictadura a la Democracia , neutralizando a los inmovilistas, desplazando la legitimidad a la Corona y al gobierno, aboliendo las leyes e instituciones franquistas y consiguiendo que la oposición pasase de la presión en la calle a la mesa de negociación. Pero el camino hasta la consolidación democrática (con la aprobación de la Constitución ) iba a ser muy complejo y difícil, con muchos obstáculos y dificultades que salvar.
3. Dificultades para la Transición.
3.1. El terrorismo. Intentos de desestabilización del proceso.
Iniciado el proceso democrático, tres sectores pretenden boicotearlo mediante el recurso a la violencia terrorista con la finalidad de que interviniera el ejército y pusiera fin a este proceso democrático.
a) El terrorismo de extrema derecha.
Los grupos de extrema derecha, condenados a quedarse fuera del sistema que se estaba creando, recurrieron a la violencia con objeto de extender un clima inestable y radical que recordara a la guerra civil y justificara la intervención militar. Así, grupos de Fuerza Nueva, Guerrilleros de Cristo Rey y otros cometieron una serie de atentados terroristas, altercados callejeros y enfrentamientos con otras fuerzas políticas como los sucesos de Montejurra, que culminaron en la matanza de Atocha, donde murieron cinco abogados laboralistas vinculados a CCOO y al PCE.
b) El terrorismo de extrema izquierda.
A renglón seguido de la matanza de Atocha, el GRAPO (Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre), un grupo radical comunista maoísta, se lanzó en una espiral terrorista que abarcó desde los secuestros hasta el asesinato indiscriminado de policías. Su justificación partía del odio a las fuerzas de seguridad por la represión en zonas de profunda crisis industrial como Cádiz, Vigo y Bilbao, y el atentado indiscriminado como paso previo para que triunfase la revolución.
c) El terrorismo del nacionalismo radical.
ETA (Euskadi Ta Askatasuna) siguió siendo el principal grupo terrorista de España, tanto por la cantidad de sus atentados (el 70% de los atentados cometidos), como por el apoyo social que tenía en determinadas zonas del País Vasco. En los comienzos de la transición la totalidad de los nacionalistas vascos se negaban a utilizar el término terrorismo para designar a ETA. Vivió en su seno una escisión entre quienes consideraban que muerto el dictador la lucha armada no tenía sentido dentro de un régimen democrático y aquellos que consideraban que ésta debía mantenerse hasta la consecución de la independencia del País Vasco. A partir de 1980 el monopolio terrorista lo tuvo ETA, salvo esporádica y puntuales apariciones del GRAPO y el fenómeno de los GAL.
3.2. La conflictividad social.
Los efectos de la crisis económica influyeron sobre los acontecimientos políticos y de orden público. La crisis del 73 tuvo unas consecuencias especialmente graves en España. Una oleada de huelgas sacudió el territorio nacional, aunque su causa principal eran las reivindicaciones laborales, a nadie se le escapaba el trasfondo político de estas huelgas lideradas por CCOO, UGT y USO.
3.3. Los inmovilistas y el ejército.
Además de la extrema derecha violenta que se agrupó en torno a Fuerza Nueva y Blas Piñar como líder, hubo otro sector que aunque los apoyara tácitamente no recurrió a la violencia. El ejército permanecía expectante y neutral, pero se oponía a la profundización democrática, sobre todo, a la legalización del PCE. El ejército, con ejemplos como la Operación Galaxia
3.4. Los nacionalismos.
Las reivindicaciones nacionalistas siempre han estado unidas en España a procesos de consecución de libertades generales. El problema nacionalista se plantea en una doble vertiente: por un lado catalanes, vascos y gallegos quieren que se le reconozcan sus "hechos diferenciales", y, por otro, la consecución de parte de sus reivindicaciones por estos generó en el resto de las regiones una demanda generalizada de autonomía.
4. De la Ley para la Reforma Políticala Constitución de 1978.
Este tipo de dificultades puso en grave peligro la transición. Concretamente en el primer semestre del 77 en dos ocasiones: en enero cuando el terrorismo triple golpeaba sistemáticamente a la sociedad española y en la Semana Santa a propósito de la legalización del PCE. Tres factores salvaron el proceso: la voluntad democrática de la mayoría de la sociedad española, la actitud de los partidos de la oposición y la actuación del gobierno. La crítica situación que se vivía explica la rapidez con que se tomaron tres decisiones trascendentales: la legalización del partido comunista, la convocatoria a elecciones generales y los Pactos de la Moncloa. En seis meses la transición daba un paso de gigante. Estos tres pasos dieron lugar a la creación de la Constitución de 1978, el elemento clave de la transición española y la democracia actual.
4.1. La legalización del Partido Comunista.
La actitud de responsabilidad y serenidad del Partido Comunista ante la provocación de los guerrilleros de Cristo Rey le hizo ganar muchos enteros ante la sociedad española. En un principio se pensaba legalizar al PCE después de las elecciones, sin embargo Suárez necesitaba legalizarlo para que se pudieran dar unas elecciones completamente libres y democráticas. En estas circunstancias y, aprovechando las vacaciones de Semana Santa, Suárez legalizó al PCE. Fraga calificó la acción de golpe de estado, aunque luego se retractó. El ejercito la acató por disciplina y profesionalidad, pero expresó su descontento y el ministro de Marina dimitió, sin que fuera posible sustituirle por ningún otro almirante de marina en activo.
4.2. Las elecciones de 1977.
La eliminación del sistema dictatorial dio lugar a la aparición de un gran ramillete de partidos políticos, pero las elecciones evitarían el riesgo de atomización como en la Segunda República.la Segunda República
4.3.El primer gobierno democrático. Los Pactos de la Moncloa.
Suárez formó gobierno y se propuso afrontar dos grandes retos: la lucha contra la crisis económica y la elaboración de una Constitución. Para lo primero se realizan los Pactos de la Moncloa , en los que el gobierno, la oposición, los sindicatos y los empresarios establecen las líneas básicas para reformar y sanear la economía española. A través del consenso se llega al acuerdo de la moderación salarial a cambio de realizar una profunda reforma fiscal y prestarle una atención especial al paro. El segundo tema se resuelve con el referéndum del 6 de Diciembre de 1978, para la aprobación de la Constitución española..
5. La Constitución de 1978.
Mediante la elaboración del texto constitucional se configuró en España un nuevo Estado democrático que sustituyó a las viejas estructuras políticas franquistas. Nuestra Constitución se asienta sobre un conjunto de principios y valores esenciales -libertad, justicia, pluralismo político e igualdad ante la ley-, quedando definida España como un "Estado social y democrático de derecho". En consecuencia, se fija el sometimiento de los poderes a la legalidad, de manera que la acción de los gobernantes queda limitada por el Derecho. Asimismo, se garantiza la participación de los ciudadanos en las decisiones políticas a través de representantes libremente elegidos. Y, finalmente, se afirma la obligación del Estado a promover el bienestar colectivo interviniendo en la economía y manteniendo una serie de prestaciones públicas económico-sociales para asegurar a todos los ciudadanos unas condiciones de vida dignas.
5.1.Derechos y deberes de los españoles.
En el Título I encontramos un completo reconocimiento de los derechos y libertades individuales: derecho a la vida declarando abolida la pena de muerte, derecho a la integridad física prohibiendo la tortura y las penas degradantes, derecho a la libertad y seguridad, derecho a la educación, derecho a la Seguridad Social , libertad religiosa, de expresión, pensamiento, reunión y manifestación.
Además, se creó la figura del Defensor del Pueblo, un instrumento para garantizar estos derechos básicos de los españoles, cuya tarea primordial consiste en recoger las reclamaciones de los ciudadanos referentes a la vulneración de sus libertades por parte de la Administración estatal.
5.2.Las instituciones fundamentales.
El Rey ocupa la Jefatura del Estado, su cargo es vitalicio y la Corona hereditaria. Las tres atribuciones principales del monarca, que está subordinado a la Constitución y debe jurar fidelidad a la misma, consisten en la representación simbólica de la nación, la sanción de las leyes aprobadas en Cortes y el mando supremo nominal de las Fuerzas Armadas.
El texto constitucional reserva a las Cortes Generales -formadas por el Congreso de Diputados y el Senado- el ejercicio de varias funciones esencia les: la elaboración de las leyes, el control de la actividad gubernamental, la aprobación de los presupuestos económicos anuales generales del Estado y la autorización de tratados internacionales. Ambas cámaras son representativas y sus miembros son elegidos por sufragio universal directo y secreto. No obstante, el Congreso de Diputados ocupa una posición preeminente, ya que puede proceder a la aprobación de una ley sin la aceptación del Senado; a esto se añade que tanto el voto de investidura del candidato a presidente de Gobierno como las mociones de censura se realizan en el Congreso de Diputados.
El Gobierno, compuesto por el presidente y los ministros, ejerce la función ejecutiva y la dirección de la política interior y exterior.
El Tribunal Constitucional controla la constitucionalidad de todas las normas y leyes, también resuelve los posibles conflictos entre el Estado central y las Comunidades Autónomas. Esta institución aparece formada por doce miembros -todos ellos juristas de prestigio-, cuatro propuestos por el Congreso, cuatro por el Senado, dos a propuesta gubernamental y otros dos propuestos por el Consejo General del Poder Judicial.
5.3.La organización territorial del Estado: las Comunidades Autónomas.
El establecimiento de la autonomía política como forma de organización territorial del poder del Estado supuso el reconocimiento de las aspiraciones de autogobierno de los nacionalistas y el final del rígido centralismo anterior.
Con el nuevo modelo de ordenación del Estado aparecían múltiples centros de poder en el territorio español, pues la Constitución declara que España está integrada por diversas nacionalidades y regiones con capacidad para tomar decisiones políticas. Aunque se encuentran antecedentes en la legislación de la II República , las Comunidades Autónomas del texto constitucional de 1978 aparecen como instituciones completamente originales y novedosas.
Las Comunidades Autónomas son provincias o agrupaciones de provincias que acceden a su autogobierno, asumiendo determinadas funciones y competencias mediante la aprobación de los respectivos Estatutos. De hecho, en nuestra Constitución no encontramos una regulación definitiva de las materias y competencias del poder central y de las Comunidades Autónomas.
El gobierno central se reserva en exclusiva las competencias sobre Relaciones Internacionales, Defensa, Fuerzas Armadas, sistema monetario y Hacienda. Aunque según el artículo 150 el Estado puede delegar a las Comunidades algunas de sus funciones.
Por su parte, las Autonomías pueden asumir desde el primer momento las materias de urbanismo, cultura, turismo, carreteras, transportes, pesca, enseñanza, policía y protección del medio ambiente.
Para salvaguardar el principio de solidaridad entre las diferentes Comunidades Autónomas la Constitución establece un Fondo de Compensación económica destinado a corregir e intentar neutralizar los desequilibrios y desigualdades interregionales.
Conclusión.
Las dificultades encontradas a la hora de implantar un sistema democrático han sido superadas de una forma u otra hasta la actualidad, salvo el problema del terrorismo de ETA.
La conflictividad social remitió tras los pactos de la Moncloa y la superación de la crisis económica a partir de 1983. El miedo al golpe militar desapareció tras el intento de golpe de Estado de Tejero (23 de febrero de 1981) y la llegada del PSOE al poder en 1982. El terrorismo de extrema derecha e izquierda fue desapareciendo paulatinamente desde 1980. Sin embargo, ETA continúa matando, siendo uno de los últimos lastres del franquismo y la transición.
