miércoles, 29 de febrero de 2012

TEMA 8. LA II REPUBLICA.

TEMA: LA II REPÚBLICA.

1. La II República (1931-1936): Proclamación. Gobierno Provisional. Constitución de 1931.
            1.1. La proclamación de la II República.
            La II República surgió en las elecciones municipales celebradas el 12 de abril de 1931: los resultados favorables a la Conjunción Republicano-Socialista en las capitales de provincia y en las grandes ciudades provocaron la salida de Alfonso XIII del país y la proclamación del nuevo régimen el 14 de abril, sin apenas resistencia y en medio de un gran entusiasmo popular.
            Aunque la transición del régimen monárquico al republicano fue pacífica, se trató de un cambio político revolucionario. El gobierno provisional de la II República fue constituido íntegramente por los miembros del Comité Revolucionario formado un año antes a raíz del Pacto de San Sebastián. La mayoría de los nuevos ministros habían sido encarcelados tras la huelga revolucionaria que había tenido lugar en diciembre de 1930. Entre los miembros de este gobierno provisional cabe destacar a Niceto Alcalá-Zamora, representante de la derecha moderada; republicanos tradicionales, como Diego Martínez Barrio o Alejandro Lerroux, del Partido Radical; Manuel Azaña, de Acción Republicana; regionalistas como el gallego Santiago Casares Quiroga o Lluis Nicolau d’Olwer; o socialistas como Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero.

            1.2. La Constitución de 1931.
            La misión principal del nuevo gobierno fue convocar elecciones a Cortes Constituyentes, que dieran legitimidad al nuevo régimen. Las elecciones se celebraron en junio de 1931 y dieron una gran mayoría a los partidos de la coalición gobernante: el PSOE se convirtió en el partido con más diputados; le seguían los radicales de Lerroux, los radical-socialistas y el partido de Azaña. Las Cortes debatieron la nueva Constitución entre agosto y diciembre de 1931. Entre sus características destacan las siguientes:
  • Crea un régimen democrático, parlamentario y laico moderno, descentralizado y en el que se recogía la función social de la propiedad.
  • El origen de la soberanía era “el pueblo”.
  • El poder legislativo, que era el principal, lo tenía una única cámara, el Congreso de los Diputados.
  • Sometido a aquel estaba el poder ejecutivo, en manos del jefe del gobierno y el presidente de la República.
  • El poder judicial era independiente, existiendo un Tribunal Supremo en la cúspide y un Tribunal de Garantías Constitucionales, institución nueva que debía declarar la constitucionalidad de las leyes que se aprobasen.
  • Los diputados a Cortes se elegían por sufragio universal, de todos los españoles, sin distinción de sexo, mayores de 23 años, permitiéndose por primera vez el voto a las mujeres en España.
  • El Presidente de la República era designado de forma indirecta a través de compromisarios.
  • Las corporaciones municipales eran elegidas también por sufragio universal.
  • Se contemplaba la aprobación de estatutos de autonomía para las regiones.
  • Se contemplaba una extensa serie de derechos individuales, la más completa hasta la fecha, reconociéndose también un conjunto de derechos sociales: acceso a la seguridad social, protección del trabajo infantil y de las mujeres, limitación de la jornada laboral, salario mínimo, etc. Igualmente, se admitía la posibilidad del divorcio.
  • Se afirmó tajantemente la separación entre la Iglesia y el Estado, terminando con el subsidio al clero y prohibiéndose ejercer la enseñanza a las órdenes religiosas.
  • Se establecía la igualdad de trato, por parte del Estado, hacia todas las confesiones religiosas.

2. El Bienio Reformista (1931-1933).
            El período comprendido entre abril de 1931 y septiembre de 1933 se conoce como Bienio reformista, social-azañista o republicano-socialista. El protagonista de esta etapa fue el gobierno provisional, que experimentó dos importantes cambios que inclinaron la política gubernamental hacia el centro-izquierda:
  • La aprobación de los artículos 26 y 27 de la Constitución, relativos a la cuestión religiosa, provocó la dimisión (octubre de 1931) de Alcalá-Zamora y de Miguel Maura. Ambos pretendían liderar la derecha republicana.
  • La negativa a seguir colaborando con los socialistas motivó la salida del gobierno de los ministros del Partido Radical, Martínez Barrio y Lerroux (diciembre de 1931).
Pese a todo, Alcalá-Zamora fue elegido presidente de la República (diciembre 1931-abril de 1936). Azaña ocupó la presidencia del gobierno hasta 1933. Los gobiernos del bienio fueron esenciales para aprobar una serie de reformas que se consideraban indispensables para modernizar la sociedad y el Estado. El gobierno no contaba con un apoyo mayoritario, lo que explica, en parte, la gran oposición que suscitaron las reformas.
La Ley de Reforma Agraria pretendía llevar a cabo una redistribución de la propiedad agraria, medida que pretendía  satisfacer la demanda de los jornaleros sin tierras. Tras largo debate, se aprobó en 1932. Sin embargo, en lugar de ceñirse al problema de los latifundios del sur, se aplicó en todo el país de forma simultánea, haciendo que muchos pequeños y medianos propietarios, sobre todo en Castilla, se opusieran a ella.
Se contemplaba la creación de asentamientos de campesinos sin tierras, a los que se les repartirían estas. Sin embargo, se interrumpieron a partir de 1934. Las relaciones entre los propietarios, que se consideraban amenazados, y los jornaleros, que estaban impacientes por ocupar la tierra, llegaron a un punto de tensión máxima. Las medidas sobre la propiedad agraria crearon una gran alarma entre los terratenientes y unas fuertes esperanzas entre los jornaleros, y finalmente no satisficieron ni a unos ni a otros
Las reformas laborales. Fueron promovidas por Largo Caballero, líder de la UGT, y Ministro de Trabajo. Las principales medidas fueron: la Ley de Contratos de Trabajo, que daba prioridad a los convenios o contratos colectivos; la Ley de Jurados Mixtos, que establecía estos jurados, en los que la Administración estatal, junto a los obreros sindicados y los patronos, arbitraría soluciones a los conflictos laborales; la Ley de Términos Municipales, que obligaba a los patronos agrícolas a emplear en primer lugar a los obreros de su término municipal; la Ley de Laboreo Forzoso, que establecía que los propietarios realizaran cuantas labores fueran necesarias para cultivar adecuadamente sus tierras; la Ley de Accidentes de Trabajo en el Campo; y la imposición de la jornada laboral de ocho horas en la agricultura. Todas estas medidas favorecieron la afiliación sindical, sobre todo para los sindicatos que colaboraron con el gobierno, como la UGT, no así para los sindicatos antiestatales, como la CNT, que se negaba a cooperar y prefería la acción directa mediante la convocatoria de huelgas generales.
La cuestión militar. Las reformas militares fueron obra del propio Azaña, que se hizo cargo del Ministerio de la Guerra mientras era presidente del gobierno. Con sus medidas modernizadoras pretendió. Reducir el enorme número de oficiales profesionales; reorganizar la administración y la enseñanza militar; modernizar las escalas y someter la jurisdicción militar a la civil; y se pretendió lograr la fidelidad personal de los militares a la República
La cuestión religiosa. En estos momentos se pretendió separar Iglesia y Estado, privando a aquella de funciones que se consideraban estatales. La creación de un Estado laico independiente de la Iglesia se realizó a través de la Constitución y de otras medidas complementarias, entre las que cabe destacar la Ley de Congregaciones Religiosas, la Ley de Divorcios y la secularización de los cementerios. La enseñanza religiosa dejó de ser obligatoria y en las escuelas se suprimieron el crucifijo y otros símbolos. Estas medidas le granjearon al gobierno la oposición del clero y del catolicismo militante.
La reforma educativa y la política cultural. La política educativa y cultural estuvo marcada por la influencia de la Institución Libre de Enseñanza, y dirigida por el Ministro de Instrucción Pública Fernando de los Ríos. Su objetivo fue crear un sistema educativo unificado, público, laico y gratuito al menos en la enseñanza primaria. También se implantó la coeducación de niños y niñas. La educación se consideró un derecho que el Estado debía garantizar a todos los ciudadanos para lograr la igualdad de oportunidades. La II República hizo un gran esfuerzo en la formación de profesores y maestros, en la construcción de escuelas y en la dotación de becas. Igualmente importante fue la formación continua y pedagógica de los maestros y la difusión del libro, al dotar a las pequeñas localidades de bibliotecas públicas, escolares y municipales. En la política cultural de la II República desempeñaron un papel esencial las Misiones Pedagógicas, ya que extendieron la cultura a los medios rurales más abandonados. Además, se llevaron a cabo experimentos de socialización de la cultura en los medios rurales, como los grupos de teatro universitarios (La Barraca, dirigido por García Lorca, etc) o las Universidades Populares.
Las autonomías regionales.  El 14 de abril de 1931 Francesc Maciá proclamó la república catalana dentro de una Federación Ibérica. Finalmente tuvo que aceptar al gobierno de Madrid y la Constitución de 1931, a cambio de obtener un gobierno autónomo en Cataluña. Tras un largo debate, en septiembre de 1932 fue aprobado el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Las elecciones autonómicas fueron ganadas por Esquerra Republicana y Maciá se convirtió en presidente de la Generalitat hasta que murió en 1933, cuando le sucedió Lluis Companys.
El Estatuto vasco, por su parte, fue aprobado en noviembre de 1933, pero su ratificación en las Cortes fue bloqueada por los gobiernos de centro-derecha durante el bienio 1933-1936. Tras el triunfo del Frente Popular en 1936 y el estallido de la Guerra Civil, el PNV se mantuvo fiel a la II República y el Estatuto fue aprobado en octubre de 1936. José Antonio Aguirre fue elegido primer lehendakari.
El Estatuto gallego fue aprobado por el Parlamento de la República en febrero de 1938, pero no llegó a aplicarse porque Galicia quedó en el bando franquista durante la Guerra Civil.

            2.1. La crisis del gobierno de Azaña.
            La oposición al régimen republicano se manifestó en varios intentos de insurrección militar y en la formación de diversos grupos políticos. La conspiración militar fue dirigida por el general Sanjurjo, que encabezó un golpe de Estado en agosto de 1932, conocido como la Sanjurjada. El golpe solo triunfó en Sevilla y Sanjurjo, tras ser detenido y condenado a muerte, fue indultado y se exilió en Portugal. Por su parte, la derecha antirrepublicana se reorganizó para conquistar el poder: los fascistas, que procedían de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS, 1931) y Falange Española (FE, 1933), fundada por José Antonio Primo de Rivera, que se unieron en 1934 para constituir FE de las JONS; los carlistas constituían Comunión Tradicionalista; los monárquicos alfonsinos se aglutinaron en torno a Renovación Española, grupo encabezado por Calvo Sotelo; y la derecha católica conservadora, que se aglutinó en torno a Acción Popular, núcleo de lo que sería la Confederación Española de Derechas Autónomas o CEDA (1933), dirigida por José Mª. Gil Robles.
            Por otro lado, se produjo un incremento de la conflictividad social y obrera, dirigida especialmente por la CNT y la FAI (Federación Anarquista Ibérica, 1927), liderada por Juan García Oliver y Buenaventura Durruti. Los anarquistas proclamaron el comunismo libertario en varias comarcas de Cataluña, Valencia, Aragón y Andalucía. En esta última se produjeron los incidentes más graves en enero de 1933 en Casas Viejas (Cádiz), donde la policía republicana organizó una matanza entre los peones agrícolas sublevados. La prensa anarquista y de derechas convirtió estos hechos en un arma en su acoso contra el gobierno.
            Con este panorama, el gobierno dirigido por Azaña tenía problemas en 1933 para mantener su mayoría parlamentaria. En septiembre de 1933 Alcalá-Zamora retira su apoyo a Azaña y encarga a Lerroux formar gobierno, sin los socialistas. Como el grupo socialista era el mayoritario en las Cortes resultaba complicado gobernar sin su colaboración. Alcalá-Zamora disolvió lar Cortes y convocó elecciones para noviembre de 1933.

3. El Bienio Derechista (1933-1935) y la Revolución de Octubre de 1.934.
            Las elecciones celebradas en noviembre de 1933 tuvieron las siguientes características:
La derecha antiliberal acudió en coalición, llamada Unión de Derechas y Agrarios, donde la principal
agrupación era la CEDA. Pretendía la supresión de la legislación del primer bienio y la revisión de la
Constitución.
  • Participaron diversos partidos republicanos no coaligados: los radicales de Lerroux, que pretendían ocupar el centro político; republicanos de derecha; y republicanos de izquierda, divididos en diversas listas.
  • Los socialistas, desencantados por su experiencia gubernamental, se presentaron a las elecciones en solitario.
  • La CNT pidió la abstención, lo que apartó un importante voto obrero a favor de la izquierda
  • En estas elecciones, por primera vez en la historia de España, las mujeres pudieron votar.

El triunfo correspondió a las candidaturas de centro y derecha, con predominio de la CEDA y el Partido Radical de Lerroux. El tercer grupo en número de diputados fue el PSOE. Comenzó así un período conocido como Bienio radical-cedista, Bienio Derechista o, según algunos autores, Bienio negro (noviembre 1933-febrero 1936). Los rasgos principales de esta etapa fueron:
La dificultad para formar gobiernos estables, pues se sucedieron diez gobiernos en dos años. Hasta octubre de 1934 los gobiernos estuvieron dominados por el Partido Radical y eran presididos por Lerroux, pero respaldados por la CEDA, a la que se le hicieron numerosas concesiones. Finalmente, y aunque la CEDA no se declaró republicana, no quedó más remedio que incluirla en el gobierno.
Los radicales se enfrentaron a dos problemas. Primero una división interna, ya que Diego Martínez Barrio, descontento con la derechización de Lerroux, retiró su confianza a los gobiernos de éste. En segundo lugar, en los últimos meses de 1935 se produjeron una serie de escándalos de corrupción que afectaron al prestigio personal de Lerroux y acabaron desacreditando a su partido.
Ante esta situación, Gil Robles exigió todos los poderes al Presidente de la República, Alcalá-Zamora, y éste se negó. Ante la imposibilidad de constituir gobiernos fuertes, las Cortes se disolvieron y se convocaron elecciones para febrero de 1936.
Los gobiernos de esta etapa se dedicaron a frenar o a anular las medidas del bienio anterior. Suspendieron, por ejemplo, la reforma agraria, paralizada a partir de 1934. Además, el gobierno ejerció una brutal represión contra las organizaciones obreras en las zonas rurales.
Gil Robles fue designado ministro de Guerra, y procuro desde aquí colocar en lugares estratégicos a los militares antiazañistas, como los generales Joaquín Fanjul, Emilio Mola, Manuel Goded y Francisco Franco, probablemente con la idea de dar un golpe de Estado.
El desarrollo autonómico se paralizó. No se transfirieron las competencias a la recién creada Generalitat de Cataluña y los estatutos vasco y gallego no se tramitaron, lo que sirvió para acercar las posturas del PNV (a pesar de ser muy católico) y del Partido Galleguista a las de los socialistas y republicanos de izquierda.
Se produjeron, sin embargo, varios intentos de emprender reformas originales, sobre el campo o los impuestos, pero la mayoría parlamentaria de derecha impidió que estas leyes y proyectos prosperaran. Tampoco se llegó a un acuerdo para revisar la Constitución ni se optó por una solución autoritaria. Se ponía así de manifiesto la inoperancia del parlamento conservador y la impotencia de los gobiernos democráticos de centro-derecha para ofrecer una alternativa real a la política reformista del primer bienio.

3.1. La Revolución de Octubre de 1934.
La entrada en el gobierno de tres ministros de la CEDA en octubre de 1934 fue interpretada por los socialistas como una entrega de la II República a sus enemigos. Este hecho fue además la señal para el estallido de una revolución que llevaba tiempo preparándose. La insurrección contó con el apoyo de la Generalitat, el PCE y la CNT (esta solo en Asturias) y se redujo a una huelga general política en las grandes ciudades. En algunos casos el conflicto se prolongó hasta una semana y se produjeron conatos de insurrección armada de las milicias socialistas.
Companys, presidente de la Generalitat, proclamó “el estado catalán dentro de la República federal española”. Como consecuencia, la autonomía de Cataluña fue suspendida y Companys fue encarcelado junto con su gobierno.
En Asturias se produjo una auténtica revolución social: los mineros se adueñaron de la región durante dos semanas, colectivizaron los medios de producción y llegaron a abolir el dinero. La región tuvo que ser literalmente conquistada por el ejército, dirigido por Franco, al que se incorporaron tropas coloniales (españolas e indígenas) de Marruecos.
Las consecuencias de la revolución de octubre fueron muy graves. Se pueden destacar las siguientes:
La derecha antiliberal vio estos hechos como la confirmación de que el movimiento obrero preparaba una revolución a la que los republicanos burgueses, demasiado débiles, no podrían hacer frente. Como, además, los partidos centristas republicanos se negaron a ejercer la represión implacable que les exigía la CEDA, ésta reafirmó su convicción de que la única salvación estaba en el ejército. La Iglesia, por su parte, juzgó el movimiento asturiano como una insurrección anticatólica.
<!--[if !supportLists]-->        <!--[endif]-->Las organizaciones obreras sufrieron una dura represión: la mayoría de sus líderes fueron encarcelados (como Largo Caballero) o huyeron; sus diarios y locales fueron clausurados; y se encarceló a un total de 30.000 trabajadores. Muchos patronos aprovecharon la situación y anularon los contratos de trabajo firmados, con lo que miles de obreros, conocidos como “los represaliados”, fueron despedidos.
<!--[if !supportLists]-->        <!--[endif]-->La indignación que generó esta represión y las solicitudes de amnistía contribuyeron considerablemente a acercar las posturas de las formaciones de centro-izquierda.

4. Las elecciones de 1936 y el Frente Popular. La conspiración militar.
Azaña sufrió la persecución gubernamental e incluso la cárcel durante el Bienio radical-cedista. Sin embargo, su fama creció enormemente y, a lo largo de 1935, protagonizó mítines masivos. Formó un nuevo partido, Izquierda Republicana (1934), en el que se integraron la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA), liderada por Casares Quiroga, y miembros del desaparecido Partido Radical-Socialista. Por su parte, Martínez Barrio constituyó también un nuevo grupo, Unión Republicana (1934), compuesto por radicales y radical-socialistas.
En enero de 1936, ambos partidos (Izquierda Republicana y Unión Republicana), junto con el PSOE, la UGT, el PCE, el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista, de inspiración trotskista) y los sindicatos contrarios a la FAI, firmaron el pacto del Frente Popular. Este acuerdo tomaba su nombre de una experiencia similar realizada en Francia y respondía a la idea de alianzas del movimiento obrero con la burguesía para combatir el fascismo.
El Frente Popular constituyó una plataforma electoral con un programa mínimo y escasamente revolucionario, y que exponía los siguientes puntos: la concesión de una amnistía para todos los implicados en la revolución de 1934; la devolución de sus puestos de trabajo a los trabajadores “represaliados”; reformas en el Tribunal de Garantías Constitucionales; el restablecimiento de la Constitución de 1931; la recuperación de la legislación del primer bienio; y la aceleración de la reforma agraria. En Cataluña se creó una formación similar, Front d’Esquerres, liderada por Esquerra Republicana y compuesta por organizaciones nacionalistas, republicanas y obreras catalanas. En febrero de 1936, las elecciones dieron la victoria a los candidatos del Frente Popular, que obtuvieron más del 40% de los votos en la mayoría de las ciudades importantes. Sin embargo, la diferencia en el número total de votos no fue demasiado grande.
Entre febrero y julio de 1936, período durante el que gobernó el Frente Popular, se produjeron los siguientes acontecimientos en el panorama político español. Se constituyeron gobiernos exclusivamente republicanos, dirigidos por Azaña primero y, a partir de mayo,por Casares Quiroga, ya que en esa fecha Azaña reemplazó a Alcalá-Zamora en la presidencia de la República, ya que éste había sido destituido por las Cortes.
Las decisiones políticas más importantes fueron la concesión de una amnistía, la readmisión de los trabajadores represaliados y el restablecimiento del Estatuto de Cataluña y la Generalitat. Se procedió también a restaurar el programa reformista, en especial la reforma agraria.
<!--[if !supportLists]-->        <!--[endif]-->Los socialistas no participaron en el gobierno, porque así se había acordado previamente y también por su división interna.
<!--[if !supportLists]-->        <!--[endif]-->El PCE, fiel a la estrategia antifascista, opinaba que la defensa de la República y la democracia frente al fascismo era prioritaria incluso por encima de la revolución. Esta postura le permitió aumentar considerablemente su influjo en la vida política y social española.
<!--[if !supportLists]-->        <!--[endif]-->El movimiento sindical se lanzó a una ofensiva, encabezada por la CNT y la UGT. Miles de jornaleros del sur de España ocuparon las tierras de las que habían sido desalojados en el Bienio radical-cedista. El gobierno respaldó las ocupaciones, mientras que los terratenientes paralizaron las labores del campo. De mayo a julio de 1936 se produjeron cerca de 200 huelgas agrarias. También destacó la oleada de huelgas en Madrid.
<!--[if !supportLists]-->        <!--[endif]-->Los militares presuntamente “golpistas” fueron alejados de los centros de poder: Goded fue destinado a Baleares; Franco a Canarias; y Mola a Pamplona. Sin embargo, la conspiración se reanudó a partir de febrero, y en ella participaron, además de militares, civiles monárquicos, carlistas y fascistas, a los que se relegaba a un segundo plano como fuerzas de apoyo del ejército. En la conspiración intervino un sector de la CEDA, especialmente sus juventudes. Sin embargo, este partido estaba tan dividido como el PSOE.
<!--[if !supportLists]-->        <!--[endif]-->Se incrementó el terrorismo. La trama golpista fue acompañada de una serie de atentados protagonizados por pistoleros falangistas, con la intención de desestabilizar el régimen y crear un clima de alarma social. José Antonio Primo de Rivera fue encarcelado y su partido prohibido. Por su parte, muchos militantes de izquierda, encuadrados en milicias armadas, se tomaron la justicia por su mano y respondieron a los atentados con represalias.
En este contexto, el 12 de julio de 1936 se produjo el asesinato de José Castillo, socialista y teniente de la Guardia de Asalto. Al día siguiente, sus compañeros policías acudieron al domicilio de José Calvo Sotelo, el parlamentario más famoso de la extrema derecha, y lo asesinaron. El doble crimen impactó sobremanera en la opinión pública y sirvió a los conspiradores como argumento para justificar una sublevación militar.

El ambiente de violencia política e incertidumbre, vivido en muchas naciones europeas desde la Primera Guerra Mundial, y en algunas regiones de España durante la monarquía (por ejemplo, Barcelona), no significaba, sin embargo, que en el país dominara un “clima de guerra civil” ni que la guerra fuera inevitable.